Me ha llamado la atención esta noticia referente a la Ley de la Dependencia, que afecta al mundo del minusválido y del anciano, de la cual os dejo el enlace abajo, y quiero hacer algunas consideraciones y opiniones personales desde mi blog:
NOTICIA SOBRE LA LEY DE LA DEPENDENCIA DEL DIARIO DIGITAL "EL MUNDO", DE 5 DE JULIO DE 2012.
Es obvio que cada día hay más accidentes o secuelas producidas por enfermedades que dejan a personas minusválidas o discapacitadas, o los ancianos, un colectivo cada vez más numeroso debido al alargamiento de la esperanza de vida, con necesidad de asistencia de terceros. Esta es una realidad que tenemos en nuestros días de hoy, y que irá a más de cara al futuro, y que esa dependencia todos la vamos a necesitar, seamos ciudadanos o políticos. Ahora bien, lo que se plantea es si la llamada “Ley de la Dependencia”, un invento de este supuesto “estado de bienestar” que quería crear Zapatero y en su defecto las comunidades autónomas con las competencias en la materia, que desde luego está llena de buenas intenciones hacia la gente necesitada, si es posible de sostener por parte del Estado desde el punto de vista económico, dado el enorme déficit y la grave situación de desempleo en la que está inmersa España. Es verdad que con toda razón nuestro país está endeudado, falto de dinero, y arruinado, y por esa razón hay recortes y subidas de impuestos a diestro y siniestro, pero lo paradójico es que en la práctica son considerados como los auténticos “dependientes” son toda esa burbuja inmigratoria que se tolera que vaya creciendo sin parar, y que es la que se lleva todo tipo de ayudas y subvenciones pagadas con los impuestos de todos los españoles. Es decir, las administraciones públicas subvencionan generosamente a inmigrantes que no nos hacen falta y encima hacen daño al país usurpando los puestos de trabajo y absorbiendo servicios sanitarios, educativos y toda clase de subvenciones aprovechables, pero para las personas de verdad necesitadas, que en general suelen ser silenciosas y con muy poco poder de queja, ahora se cuestiona la falta de dinero para ellas, que son las verdaderamente necesitadas y dependientes del resto de la sociedad. Hasta aquí llega uno de los absurdos de nuestro país. Y volviendo a la “Ley de la Dependencia”, la pregunta es:, ¿cómo se plantea en un país tener que pagar a una persona por cuidar a otra persona discapacitada que por otra parte se supone que también cobra una pensión?. Eso significa mantener a dos personas que “no producen ni crecimiento ni generan riqueza para el país”, pero que el resto de la sociedad ha de mantener y sostener con sus impuestos y su trabajo por aquello de la “solidaridad hacia los más necesitados”. ¿Hasta qué punto nuestro país estaría capacitado para mantener y ayudar a la gente necesitada?. Es una situación que existe y no se le puede dar la espalda, porque el sector de la “discapacidad” es seguro que sin ayuda pública no se sostiene a unos niveles de dignidad decente, y en todo caso si la cosa pública no se involucra debidamente, el sector de la discapacidad (que me refiero al minusválido o al anciano necesitado) se ve completamente desamparado y abandonado a su suerte. No obstante si hay que hacer una política a favor de la gente necesitada, más que no otorgar subvenciones para pagar la asistencia a domicilio sea de un familiar que cuida o de una tercera persona para pagarle el servicio de los cuidados a esos 14 euros la hora o 9 euros la hora según servicios, que pretende el gobierno, ¿no sería mucho mejor fomentar las residencias y centros de día privados que puedan ofrecer los servicios de forma eficaz y en un marco de libre competencia?. El fomento y la creación de residencias y centros de día, pueden ser como un negocio más que ofrecen servicios a personas dependientes, y al mismo tiempo crean puestos de trabajo para las personas que han de atender las necesidades de las personas dependientes, sean minusválidos, enfermos, o personas de avanzada edad; al mismo tiempo que se liberan a los familiares de la obligación de cuidar a sus dependientes. De esta manera esos familiares de las personas dependientes podrían descansar unas horas, trabajar... vivir la vida que quisieran. Y tendrían libertad de ponerse a cuidar de sus familiares dependientes en la medida que quisieran o pudieran en sus casas particulares, pudiendo contar con las residencias o centros de día para el resto del tiempo. Pagando cada uno en función de sus posibilidades económicas y con los puestos de trabajo creados, parecería un sistema más sostenible para dar respuesta al problema de la dependencia que tenemos y que se nos avecina a más de cara al futuro, ya que residencias y centros de día, suponen puestos de trabajo para cuidadores, fisioterapeutas, cocineros, personal de limpieza, administrativos, empleados de mantenimiento, transportistas, etc..., para unos servicios que inevitablemente de cara al futuro cada día harán más falta.
Creo que eso puede tener cierta eficacia si esos centros de día o residencias funcionan con criterios de empresa privada, y no de empresa pública o semi-publica que recibe las subvenciones con las que resta eficacia y buen servicio. El dinero de las ayudas públicas debería de ir directamente para el beneficiario con cada uno con su grado de dependencia reconocido oficialmente, para que sea el propio beneficiario o en su defecto sus familiares o representante legal quienes decidan a qué residencia o centro de día prefieren escoger, que naturalmente en esas condiciones primaran la relación calidad del servicio-precios, ya que se tiende a escoger el lugar donde prima la excelencia. Pues por mi experiencia personal de cuando estuve trabajando para una entidad del llamado “tercer sector” he visto directoras de centros de día y de residencia, que aparte de la más absoluta vagancia y faltando muchas veces a su puesto de trabajo, tratan con completa falta de respeto a los empleados de la misma, especialmente a los que son contratados y con ello en situación de precariedad con la que poder abusar, que van desde la humillación y falta de respeto, pasando incluso por el insulto,…y esto lo puedo afirmar porque lo he vivido y visto como experiencia personal, y me lo ha confirmado otra gente que también ha pasado por lo mismo. Son gente que calientan en sillón y viven cómodamente de los privilegios del cargo sin dar demasiado golpe, con comportamientos de lameculos para los visitantes de los centros que tan abusivamente gestionan de cuando reciben visitas del presidente o junta directiva de la entidad de minusválidos, o de altos funcionarios del organismo del cual reciben las generosas subvenciones, o de los políticos de turno de quienes en presente o futuro dependen el poder de decisión para recibir las variedades de subvenciones de las que se aprovechan. Incluso en estas condiciones y situaciones, tampoco se tienen demasiado en cuenta las exigencias del dependiente en cuanto al servicio, que muchas veces son marginados y han de resignarse. Aparte que hay que decir que estas entidades de carácter semi-públicas no presentan las cuentas demasiado claras a sus asociados a la hora de hacer las memorias anuales, pues son completamente opacas, y no indican en qué ha ido cada gasto, cuáles son las cuantías de los sueldos percibidos por cada uno de los cargos y empleados, y en concepto de qué,….cosa que al carecer de transparencia facilitan las corruptelas y los favoritismos de quienes ostentan los poderes dentro de esas entidades que reciben variedad de subvenciones de todo tipo de organismos públicos. Eso es más complicado que ocurra en la empresa privada en la cual, si no das buen servicio ni cumples, simplemente te despiden por no ser rentable ni aportar eficacia al servicio, ya que viven de ese buen servicio a los usuarios que son los que les dan de comer. Por eso hay que separar grano de paja, observar donde va la auténtica ayuda al minusválido necesitado y adónde están las hipocresías y las farsas de los que se aprovechan de ello, es decir, vigilar mucho para qué fines van realmente el dinero de nuestros impuestos que los administradores públicos pueden suponer que se destinan a una obra de caridad o mejor dicho de solidaridad social, cuando buena parte de esto va para llenar los bolsillos de bastante gente irresponsable, sinvergüenza y hasta vaga que se aprovechan del cargo fijo y la situación de necesidad del dependiente. Tal como está actualmente el país, no estoy muy seguro que la actual Ley de Dependencia pueda ser sostenible ya que incluso peligran las pensiones de los trabajadores actuales, pero sí puedo decir que las cosas podrían mejorarse y adoptar criterios de mejor servicio y eficacia en el tercer sector, hoy en día muy dominado por variedad de corruptelas y comportamientos más propios de actitudes mafiosas. La cosa exige una gran investigación y un gran debate a fondo que saque a luz todas las carencias, y que dé más transparencia, para poder facilitar mejor servicio a las personas necesitadas y con la condición de dependientes. No será fácil que las cosas salgan a gusto de todos, pero hasta el momento y por inercia del sistema establecido, se ha generado una auténtica situación de corruptelas y de opacidad en esas entidades que presumen de ser “sin ánimo de lucro”, y con gentes asentadas en ellas que se aprovechan de ello. Y quedando muchas cosas más que son completamente criticables. Sé que incluso los interesados no hacen gran cosa, y suelen ser gente muy pasiva y contemplativa, a lo que sólo les importa percibir sus pensiones sin más, por lo que la situación sólo puede quedar a merced de cómo le venga en gana al político de turno con el poder, ya que por algo son “dependientes” y dependen más que nadie del político que les sostiene.
CONTENIDO DE LA NOTICIA, PUBLICADA EN EL DIARIO DIGITAL “EL MUNDO”, A FECHA DE 5 DE JULIO DE 2012;
EL GOBIERNO ENDURECERÁ EL COPAGO Y REBAJARÁ LAS AYUDAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ultima un nuevo Real Decreto que revisará el copago de los usuarios de la dependencia unificando la aportación económica mínima exigible en todo el territorio nacional y estableciendo, por primera vez, precios de referencia para los servicios prestados.
El borrador ha sido sometido a consulta de los responsables autonómicos de dependencia después de ofrecerles una evaluación de la Ley de Dependencia elaborada por el Gobierno que denuncia diversas deficiencias en su aplicación y, especialmente, en materia de financiación.
En cuanto a la aportación de los usuarios, que se fijará en función de su capacidad económica atendiendo a la renta y el patrimonio, el proyecto introduce la posibilidad de que se compute la vivienda habitual en los beneficiarios de atención residencial o prestación económica vinculada a este servicio, siempre y cuando en el domicilio no vivan personas que estén a su cargo.
Para calcularlo se computaría el valor catastral del inmueble y, en su defecto, el valor escriturado. En caso de cotitularidad, solo se tendría en cuenta la parte proporcional correspondiente al beneficiario del servicio o la prestación para atención residencial, según el texto de Sanidad.
En general, el proyecto establece que la participación de los usuarios en el coste del servicio se hará de forma progresiva mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio, una capacidad que tendrá como referencia el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM).
En el caso particular de la atención residencial, Sanidad calcula que una plaza cuesta al mes entre 1.100 y 1.600 euros para personas dependientes y entre 1.540 y 2.240 para las que además, tienen discapacidad, unos precios que se irán actualizando anualmente y que el beneficiario deberá asumir en función de su capacidad económica.
En este sentido, si tienen recursos suficientes, deberán pagarse los gastos hoteleros y de manutención, ya que "la aportación de la persona beneficiaria irá destinada en primer lugar a financiar" estos conceptos "en parte o en su integridad, en función de su capacidad económica".
Además, establece que "en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio, la Administración competente podrá compatibilizar los sistemas que tenga establecidos sobre reconocimiento de deuda con lo previsto en este Real Decreto".
En cualquier caso, la cuantía a pagar se calculará con una formula matemática que cruza la capacidad económica del usuario con el mínimo garantizado que le deberá quedar después de los pagos para gastos personales, un 19% del IPREM. El calculo será el en todas las comunidades autónomas y quienes no tengan recursos suficientes, no deberán aportar nada.
Respecto a la ayuda a domicilio, Sanidad ha estipulado el coste por hora del servicio en 14 euros de media para la atención personal y en 9 euros la hora para la atención de las necesidades domesticas o del hogar y, con estos precios de referencia, el 75% del IPREM y la capacidad económica del beneficiario, se calculará lo que deba aportar para poder tener este servicio.
El decreto diseña de igual manera las aportaciones para los centros de día o noche, que cuestan, según el ministerio, 650 euros al mes, y la teleasistencia, servicio para el que, sin embargo, no de fija un precio de referencia. Sí se establece que los usuarios con rentas que superen el 75% del IPREM deberán costear al 50% y que quienes perciban 1.5 veces este índice, pagaran el 90%.
Por último, en cuanto a las prestaciones económicas, se fijaran en función de la capacidad económica del beneficiario y de su grado de dependencia, de modo que la cuantía nunca supere el coste establecido de la prestación para la que recibe la ayuda y a la que habrá de destinar el 100% de los fondos.
